𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗢𝗥𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗨𝗥𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗥Í𝗢 𝗦𝗔𝗡 𝗟𝗢𝗥𝗘𝗡𝗭𝗢 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗗𝗘𝗥𝗔

 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒔𝒎𝒐

𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗢𝗥𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗨𝗥𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗥Í𝗢 𝗦𝗔𝗡 𝗟𝗢𝗥𝗘𝗡𝗭𝗢 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗗𝗘𝗥𝗔

En un fallo histórico, el 27 de noviembre, el juez agroambiental de Roboré, Álvaro Flores, dictó una sentencia que declaró probada la demanda por responsabilidad ambiental y daño a la salud pública presentada por Wilson Hurtado, cacique de la comunidad Buena Vista (TCO Turubó Este), contra la Hacienda San Lorenzo, propiedad del ciudadano argentino nacionalizado boliviano Marcos Andrés Maggy. Esta sentencia sienta un importante precedente para las comunidades afectadas por la expansión del agroextractivismo, de la ganadería intensiva orientada a la exportación, que es uno de los principales motores de deforestación en el país, con la consecuente afectación a los recursos hídricos.

En el caso del río San Lorenzo, que abastece de agua a comunidades indígenas chiquitanas de la TCO Turubó Este, el juez ordenó la restauración integral del río, dejando claro que la actividad productiva no puede vulnerar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas ni dañar los ecosistemas de los que dependen. La sentencia ordena:

1. Rehabilitación y restitución del cauce del río San Lorenzo mediante la remoción total de las dos infraestructuras, en un plazo de 10 días hábiles.

2. En caso de incumplimiento, faculta a los gobiernos departamental y municipal a realizar la remoción con la participación de la TCO Turubó Este y la asistencia de la fuerza pública.

3. Faculta al Comité de Gestión del Área Protegida Municipal Reserva de Vida Silvestre Tucabaca y a la TCO Turubó Este para el control y seguimiento al cumplimiento de la sentencia, así como para la gestión integral del río y sus afluentes.

4. Reconoce a las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este como guardianes, defensores y representantes del Río San Lorenzo y sus afluentes.

5. Establece el resarcimiento por el daño moral y material infringido a las cinco comunidades indígenas de la TCO Turubó Este. El monto de indemnización será determinado en ejecución de sentencia, tomando como parámetros el daño moral, material y el tiempo en el que se mantuvo el daño al medio ambiente, la biodiversidad y la salud pública.

6. Reforestación de las márgenes del río, servidumbres ecológicas, con especies propias del lugar, en un plazo de 30 días calendario, como medida de no repetición.

7. Cualquier actividad, obra o proyecto sobre el río deberá, con carácter previo, realizar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico, previa consulta a los pueblos indígenas.

8. La publicación de la sentencia en un medio de comunicación escrita de alcance nacional con cargo a los demandados, en un plazo de 30 días calendario.

Este caso se remonta a hace unos diez años, entre 2014 y 2016 (según se puede verificar por imágenes satelitales), la Hacienda San Lorenzo instaló infraestructuras (presas) que cortaron el cauce del río. Estas obras fueron realizadas de manera ilegal, sin licencia ambiental, alterando el cauce natural del río y afectando directamente a 240 familias de las comunidades indígenas de Buena Vista y San Juan, que se quedaron sin agua. Durante estos años, el río sufrió una disminución alarmante de su caudal, llegando incluso a secarse a fines de 2020, dejando a dichas comunidades sin agua para el consumo, vulnerando sus derechos humanos al agua, a la alimentación y a la vida digna, además de comprometer sus medios de vida tradicionales.

La afectación va más allá de las comunidades y el territorio de la TCO Turubó Este. El río San Lorenzo es uno de los principales afluentes de la cuenca Tucabaca, que abastece al Área Protegida Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca, por lo que su comité de Gestión ha sido parte de la demanda ambiental y, como dicta la sentencia, jugará un rol importante no solo en el control y seguimiento de las disposiciones de la sentencia, sino en la gestión integral del río.

Las distintas pruebas presentadas en el marco de la demanda, demostraron que las infraestructuras (presas) que cortaron el curso del río en la Hacienda San Lorenzo alteraron el flujo natural del río, afectaron su caudal, interrumpiendo la dinámica hídrica y afectando la biodiversidad relacionada al río.

El fallo marca un precedente histórico de jurisprudencia, demostrando que la justicia puede proteger la vida, la naturaleza y los derechos humanos. Las comunidades celebran este logro; sin embargo, tienen el reto de controlar que se cumpla plenamente este fallo, que hoy abre un camino para la defensa de los ríos y los derechos de las comunidades afectadas por el avance del extractivismo.