Detectan “casas paralelas” del INRA en La Paz y Cochabamba
Fuente: Página Siete, 15 de junio de 2011
Lo que empezó como la investigación sobre una oficina que realizaba trámites agrarios irregulares terminó en la detección de una red nacional de “casas paralelas” del Instituto Nacional de Reforma Agraria, con información y documentos oficiales filtrados.
Las pesquisas iniciadas por la dirección del INRA a principios de este año permitieron establecer que, además de los dos predios intervenidos por el Ministerio Público en Santa Cruz de la Sierra (en marzo), existen oficinas “paralelas” de la entidad en Cochabamba y La Paz.
La información ya fue remitida al Ministerio Público hace dos meses por el ex director del INRA Juan Carlos Rojas.
En el cuaderno de investigaciones se puede leer que existe una “organización de tráfico y falsificación de información y documentación oficial, que desarrolla actividades delincuenciales como organismos paralelos al INRA en oficinas montadas en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz”.
El propio Rojas afirmó que las actividades ilícitas que se detectaron en Santa Cruz -extorsión, falsificación de documentos, tráfico de tierras, entre otros- se realizaban en las otras dos ciudades capitales del eje troncal.
El ex titular de la entidad sostuvo que tenía esta información gracias a que le fue proporcionada por gente que se vio afectada por personal presuntamente del INRA de estos tres departamentos, que trabajaban en “oficinas montadas”.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) hizo conocer que 35 productores habían sido extorsionados por traficantes.
Página Siete conversó con funcionarios y ex funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que confirmaron que durante la etapa de investigación interna se identificaron las ubicaciones de los inmuebles en La Paz y Cochabamba. Esta información ya está en manos de la Fiscalía de la sede de Gobierno, sin embargo las direcciones no son divulgadas para no perjudicar las pesquisas judiciales.
Los responsables jurídicos y administrativos de la Dirección Nacional visitaron y constataron el funcionamiento de una oficina paralela en Cochabamba.
Página Siete reveló ayer que existen grupos compuestos por dirigentes de movimientos sociales y clanes que obtuvieron datos oficiales del Instituto de Reforma Agraria para traficar con tierras, promover tomas, extorsionar propietarios y falsificar documentos.
De acuerdo con la información obtenida por este medio, las organizaciones irregulares tienen operadores incrustados en entidades públicas, por lo que pueden obtener información actualizada y de “primera mano”, fundamentalmente del Sistema Integrado de Saneamiento de Tierras (SIST) del INRA.
La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, ante la ola de denuncias sobre grupos irregulares que trafican con datos del INRA, también presentó una querella penal.
La autoridad gubernamental se vio involucrada con las oficinas paralelas después de que uno de los detenidos por el caso, Marcelo Salas Viruez, afirmó ser su “amigo personal” y “asesor”.
La ministra aseguró que el implicado jamás trabajó para ella, aunque no negó conocerlo. Cuando fue consultada al respecto, en su interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, señaló que Salas no aparece en las planillas de la cartera de Estado que conduce.
Achacollo recibió todo el respaldo de Evo Morales y de Álvaro García Linera cuando ambos, por separado, fueron consultados sobre los presuntos vínculos de la ministra de Desarrollo Rural con las irregularidades detectadas en el INRA.
Según información del Ministerio Público, en el momento de ser detenido, Salas Viruez intentó llamar a la autoridad gubernamental. En su declaración informativa, el implicado reconoció tener el número celular de Achacollo y también el de su edecán.
Chiquitanos piden investigación al Gobierno
La Organización de Indígenas Chiquitanos (OICH) emitió un pronunciamiento exigiendo al Gobierno una investigación que esclarezca los alcances y responsables del caso “INRA paralelo”.
En un manifiesto firmado por la dirigencia de los pueblos indígenas de la región chiquitana, los originarios denuncian que existen tomas de tierras comunitarias y asentamientos ilegales hechos por campesinos y colonizadores.
“Denunciamos invasión a nuestro territorio ancestral y manoseo del INRA. Exigimos la continuidad de la investigación del caso ‘INRA paralelo’ y se garantice que las pruebas incautadas sean resguardadas como mandan los procedimientos legales”.
La OICH observa que existen demoras en la investigación realizada por el Ministerio Público de La Paz.
El gran cacique de la Organización de Indígenas Chiquitanos, José Bailaba, en una conversación telefónica con Página Siete, manifestó que existen bastantes denuncias de irregularidades en el proceso agrario.
La autoridad confirmó que “lamentablemente” existen dirigentes de movimientos sociales involucrados en extorsiones, tomas de tierras y avasallamientos. Los chiquitanos temen que retornen los días de soborno y prebenda de anteriores décadas.
Boris Miranda
Lo que empezó como la investigación sobre una oficina que realizaba trámites agrarios irregulares terminó en la detección de una red nacional de “casas paralelas” del Instituto Nacional de Reforma Agraria, con información y documentos oficiales filtrados.
Las pesquisas iniciadas por la dirección del INRA a principios de este año permitieron establecer que, además de los dos predios intervenidos por el Ministerio Público en Santa Cruz de la Sierra (en marzo), existen oficinas “paralelas” de la entidad en Cochabamba y La Paz.
La información ya fue remitida al Ministerio Público hace dos meses por el ex director del INRA Juan Carlos Rojas.
En el cuaderno de investigaciones se puede leer que existe una “organización de tráfico y falsificación de información y documentación oficial, que desarrolla actividades delincuenciales como organismos paralelos al INRA en oficinas montadas en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz”.
El propio Rojas afirmó que las actividades ilícitas que se detectaron en Santa Cruz -extorsión, falsificación de documentos, tráfico de tierras, entre otros- se realizaban en las otras dos ciudades capitales del eje troncal.
El ex titular de la entidad sostuvo que tenía esta información gracias a que le fue proporcionada por gente que se vio afectada por personal presuntamente del INRA de estos tres departamentos, que trabajaban en “oficinas montadas”.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) hizo conocer que 35 productores habían sido extorsionados por traficantes.
Página Siete conversó con funcionarios y ex funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que confirmaron que durante la etapa de investigación interna se identificaron las ubicaciones de los inmuebles en La Paz y Cochabamba. Esta información ya está en manos de la Fiscalía de la sede de Gobierno, sin embargo las direcciones no son divulgadas para no perjudicar las pesquisas judiciales.
Los responsables jurídicos y administrativos de la Dirección Nacional visitaron y constataron el funcionamiento de una oficina paralela en Cochabamba.
Página Siete reveló ayer que existen grupos compuestos por dirigentes de movimientos sociales y clanes que obtuvieron datos oficiales del Instituto de Reforma Agraria para traficar con tierras, promover tomas, extorsionar propietarios y falsificar documentos.
De acuerdo con la información obtenida por este medio, las organizaciones irregulares tienen operadores incrustados en entidades públicas, por lo que pueden obtener información actualizada y de “primera mano”, fundamentalmente del Sistema Integrado de Saneamiento de Tierras (SIST) del INRA.
La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, ante la ola de denuncias sobre grupos irregulares que trafican con datos del INRA, también presentó una querella penal.
La autoridad gubernamental se vio involucrada con las oficinas paralelas después de que uno de los detenidos por el caso, Marcelo Salas Viruez, afirmó ser su “amigo personal” y “asesor”.
La ministra aseguró que el implicado jamás trabajó para ella, aunque no negó conocerlo. Cuando fue consultada al respecto, en su interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, señaló que Salas no aparece en las planillas de la cartera de Estado que conduce.
Achacollo recibió todo el respaldo de Evo Morales y de Álvaro García Linera cuando ambos, por separado, fueron consultados sobre los presuntos vínculos de la ministra de Desarrollo Rural con las irregularidades detectadas en el INRA.
Según información del Ministerio Público, en el momento de ser detenido, Salas Viruez intentó llamar a la autoridad gubernamental. En su declaración informativa, el implicado reconoció tener el número celular de Achacollo y también el de su edecán.
Chiquitanos piden investigación al Gobierno
La Organización de Indígenas Chiquitanos (OICH) emitió un pronunciamiento exigiendo al Gobierno una investigación que esclarezca los alcances y responsables del caso “INRA paralelo”.
En un manifiesto firmado por la dirigencia de los pueblos indígenas de la región chiquitana, los originarios denuncian que existen tomas de tierras comunitarias y asentamientos ilegales hechos por campesinos y colonizadores.
“Denunciamos invasión a nuestro territorio ancestral y manoseo del INRA. Exigimos la continuidad de la investigación del caso ‘INRA paralelo’ y se garantice que las pruebas incautadas sean resguardadas como mandan los procedimientos legales”.
La OICH observa que existen demoras en la investigación realizada por el Ministerio Público de La Paz.
El gran cacique de la Organización de Indígenas Chiquitanos, José Bailaba, en una conversación telefónica con Página Siete, manifestó que existen bastantes denuncias de irregularidades en el proceso agrario.
La autoridad confirmó que “lamentablemente” existen dirigentes de movimientos sociales involucrados en extorsiones, tomas de tierras y avasallamientos. Los chiquitanos temen que retornen los días de soborno y prebenda de anteriores décadas.
Boris Miranda
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