Juicio por presas ilegales en San José de Chiquitos
Comunidades indígenas de la TCO Turubó Este exigen justicia por la obstrucción del río San Lorenzo, fuente vital de agua.
San José de Chiquitos.- A un año de haber interpuesto la Demanda de Responsabilidad Ambiental por Daños al Medio Ambiente, la Biodiversidad y la Salud Pública, comunidades indígenas de la TCO Turubó Este mantienen firme su lucha contra la construcción de presas ilegales que bloquearon el curso del río San Lorenzo, afluente del río Tucabaca, principal fuente de agua para las familias de la zona.
La acción judicial fue presentada por Wilson Humberto Hurtado Perrogón, cacique de la comunidad Buena Vista, contra el representante legal de la hacienda San Lorenzo, señalado como responsable de instalar diques y un muro de concreto que interrumpieron el flujo natural del río.
A la demanda se sumaron como terceros interesados la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T), la Organización de Gestión Territorial Indígena (OGTI) Turubó Este, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos y el Comité de Gestión de la AP/UCPN Tucabaca.
Impacto ambiental y social documentado desde 2020
Las pruebas presentadas se remontan a 2020, cuando el río se secó dejando sin agua a las comunidades Buena Vista y San Juan. Una inspección técnica confirmó la existencia de las infraestructuras que causaron el corte del cauce.
El informe técnico de la Gobernación de Santa Cruz (INF.TEC.DICAM/CONTROL/KVF/FMA N° 258/2020) establece que la hacienda San Lorenzo implementó dos diques y un muro de concreto que provocaron el embalsamiento y la interrupción del flujo natural del río.
Intentos de negar el carácter del río y las presas
La parte demandada ha negado que el curso de agua sea un río y ha asegurado que las estructuras son caminos internos. Sin embargo, informes técnicos, imágenes satelitales y estudios hidrológicos –incluyendo documentos del propio demandado– confirman que se trata de un río del que dependen directamente las comunidades para el consumo humano.
En una inspección liderada por el juez agroambiental Álvaro Flores, se constató nuevamente el impacto de las obras sobre el sistema hídrico.
Avances en el proceso judicial
El 13 de noviembre de 2024, el juez ordenó la remoción de una de las tres presas, ubicada en tierra fiscal según el INRA. Esta medida se ejecutó el 27 de diciembre de 2024 con la participación de autoridades indígenas, municipales y departamentales.
Actualmente, el caso está en su etapa final, a la espera del peritaje técnico ambiental a cargo de la ingeniera Carla Patricia Álvarez, de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Las comunidades solicitan que este trabajo se realice con ética, transparencia e imparcialidad, con seguimiento del Colegio de Ingenieros Ambientales.
Un precedente para la defensa del agua y los derechos indígenas
Organizaciones ambientales y comunidades piden control social y cobertura mediática para este caso, que podría convertirse en un precedente histórico en la defensa de los derechos indígenas y la protección de las fuentes de agua en Bolivia.
https://nuevapresencia.com/juicio-por-presas-ilegales-en-san-jose-de-chiquitos/
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