Agrotóxicos amenazan a comunidades de San Ignacio de Velasco ante vacío legal en fumigaciones

En la Chiquitania, asediada por la deforestación, los incendios forestales y la sequía, las comunidades chiquitanas enfrentan ahora otro peligro: las fumigaciones con agrotóxicos. Ante esta situación, una alianza entre las oenegés Cedib, Probioma y la Clínica Jurídica de la Universidad Católica Boliviana, trabajan en una propuesta de política pública que busca fortalecer estratégicamente a las comunidades y establecer normas claras sobre las distancias mínimas de fumigación en Bolivia.

Por Erika Bayá Santos

“Lo que sembramos ya no es para nosotros, es para los animales”, dice Luis Barbery, comunario de San Juan Bautista, a 30 kilómetros del municipio de San Ignacio en la Provincia Velasco. Loros, tatús, taitetús, pejis ingresan de día y de noche buscando alimento. Estas comunidades han quedado como islas en medio de extensos campos soyeros y estancias ganaderas, convirtiéndose en el refugio de la fauna silvestre desplazada de las zonas donde antes había bosque. Pero además en su chaco cercado ahora con mallas, los granos del maíz crecen con deformaciones y la yuca se seca antes de tiempo.

En el distrito 11, más cerca de la frontera con Brasil, el comunario Pedro Cambará enfrenta la misma realidad. Sus palabras tienen un filo de indignación: “Ya no son haciendas, son empresas ganaderas agrícolas. Son miles de hectáreas desmontadas, destruyen el hábitat de miles de animales y los mandan hacia nosotros. Nos comen los granos, los cítricos se secan con tanto agroquímico, y la salud de la gente también se está afectando”.

Los testimonios de Pedro Cambará y Luis Barbery condensan la paradoja de la Chiquitanía, una de las regiones con mayor biodiversidad del país que hoy está arrinconada por la expansión de la soya y la ganadería intensiva.

Según datos de MapBiomas, entre 2015 y 2024 San Ignacio de Velasco perdió 358.239 hectáreas de bosque, lo que equivale al 14% de toda la deforestación registrada en el departamento de Santa Cruz en la última década

Este incremento coincide con la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” de 2015, donde se fijó como meta la ampliación de la frontera agrícola de 3 a 13 millones de hectáreas hasta 2025. Desde entonces, la deforestación se disparó en el oriente boliviano. Santa Cruz concentra el 85% de toda la pérdida de bosques del país, y San Ignacio se convirtió en el municipio más golpeado, seguido de San José de Chiquitos con 304.000 ha. y Charagua con 272.000 ha. deforestadas.En paralelo, la superficie agropecuaria en San Ignacio se triplicó: pasó de 215.000 hectáreas en 2015 a más de 748.000 en 2024. Los monocultivos de soya transgénica y los pastizales para ganadería ocuparon lo que antes era selva chiquitana. Foto: Andres Unterladstaetter.

“La ampliación de la frontera agrícola en San Ignacio ha sido muy agresiva, casi a nivel de devastación y eso ha estado directamente relacionado con la disminución del ciclo hidrológico, es decir, menos lluvias, más sequía. Este bosque chiquitano, como su nombre lo dice, es seco, pero normalmente llovía en septiembre, luego el patrón fue cambiando y ahora los primeros chubascos suceden en diciembre”, explica Sara Crespo, investigadora de la oenegé Probioma.

¿A qué se debe esto? todo el mundo dice: al cambio climático ¿Y por qué cambia el clima? Precisamente por la deforestación. En San Ignacio se ha sentido los efectos, inmediatamente, no fue necesario que pase una o dos generaciones, ha sido causa y efecto. La deforestación a gran escala ha coincidido justo después de la realización de la Cumbre Agropecuaria. Se puso el plan en marcha y el 85% de la deforestación de los últimos años se concentra principalmente en el departamento de Santa Cruz y eso ha ido ligado a los incendios que han sucedido en Bolivia de manera frecuente.

De acuerdo al informe de Fundación Tierra: Incendios forestales 2024: Tras las huellas del fuego los incendios, lo sucedido en 2024 superó todos los registros históricos en cuanto a superficie quemada y número de focos de calor. En 2024, la superficie quemada a nivel nacional llegó a 12,6 millones de hectáreas y 8,5 millones de hectáreas ardieron en el departamento de Santa Cruz, siendo los municipios de Concepción, San Matías y San Ignacio de Velasco los que concentran el 66% (5,6 millones de ha.) de la superficie quemada del departamento”. Un total de 1,5 millones de ha. se calcinaron en San Ignacio.

Y tanto la deforestación como los incendios no se limita a la pérdida de árboles. Trae consigo una crisis hídrica que golpea con dureza. Los comunarios cuentan que los ríos se están secando, las lagunas agonizan y las sequías son más largas y más secas que antes.

Veneno en el aire

A las grandes extensiones de bosque deforestado, los incendios, la sequía y crisis hídrica, se suma otro problema que ahora está afectando a las comunidades chiquitanas cada vez más arrinconadas por la expansión de la frontera agrícola, la fumigación indiscriminada.

En 2019, comunidades del distrito 11 de San Ignacio denunciaron por primera vez ante autoridades locales el impacto de las fumigaciones. Las respuestas fueron omisas, los procesos se archivaron y las comunidades quedaron solas con el problema.

Fue entonces que las oenegés Probioma, Cedib y la Clínica Jurídica de la Universidad Católica Boliviana, regional Cochabamba, empezaron a trabajar juntos y conformaron la “Alianza por los derechos colectivos de las comunidades afectadas por el extractivismo en la Chiquitanía boliviana” y empezaron a documentar estas denuncias. Visitaron comunidades y elaboraron informes que luego sirvieron de base para un “Policy Brief” o una propuesta de política pública para regular las distancias mínimas de fumigación.

De acuerdo a datos de la Fundación Tierra, en Bolivia no existe ninguna normativa específica para regular las fumigaciones aéreas. Al margen del vacío legal, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), en el marco de sus competencias, ha generado un sistema administrativo para otorgar “autorización de operación” a las empresas que aplican tratamientos aéreos. Los requerimientos son de tipo burocrático como la presentación de fotocopia de cédula de identidad del representante legal, autorización de Aeronáutica Civil, licencia municipal, hasta tasas de servicio. Si bien en gestiones pasadas, los solicitantes debían presentar una ficha ambiental emitida por un profesional autorizado (Resolución Administrativa Nº 40/2018), hoy este requisito ya no está vigente según la última Resolución Administrativa (Nº 04/2022).

“Actualmente el SENASAG tiene escasa información pública sobre el seguimiento a las operaciones aéreas de fumigación. En su plataforma institucional solo figuran tres empresas registradas en ese rubro, cuando según la Asociación Nacional de Empresas de Fumigación Aérea de Bolivia, existirían más de 45 aeronaves agrícolas operando en territorio nacional. La autoridad estatal tampoco ofrece protocolos de operación ni informes públicos sobre las evaluaciones y seguimientos. Las otras instancias que intervienen en el registro de avionetas agrícolas, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y los gobiernos locales, tampoco ofrecen información pública al respecto”, dice textualmente un documento de Fundación Tierra.

Ante la carencia normativa en Bolivia, el documento se inspira en experiencias regionales. En Argentina, el caso San Jorge llevó a prohibir fumigaciones terrestres a menos de 800 metros de las comunidades, y en el caso de las aéreas, a menos de 1.500 metros de las poblaciones. En Brasil, una acción civil prohibió fumigar a menos de 500 metros de viviendas y escuelas. En Paraguay, un decreto obliga a mantener franjas de protección y supervisión técnica en predios mayores a 200 hectáreas.

Según Joaquin Chacin, docente coordinador de la Clínica Jurídica de la UCB, la propuesta para Bolivia apunta a lo mismo: establecer distancias de resguardo como medida paliativa pero urgente. “Aunque no resolverá el problema de fondo —la expansión de la frontera agrícola—, puede ofrecer un primer nivel de protección a las comunidades que hoy viven expuestas a los agrotóxicos, sin ninguna defensa.

De acuerdo a los datos contenidos en el Policy Brief, en San Ignacio, avionetas, drones y maquinaria terrestre aplican plaguicidas químicos de uso agrícola (PQUA’s) a escasos metros de comunidades y cuerpos de agua.Fumigación con drone en cultivo de maíz en la Chiquitanía. Imagen: captura de video, repositorio UCB.

El glifosato y el 2,4-D, ambos clasificados como probables cancerígenos por organismos internacionales, son los más importados en Bolivia. Según datos del Senasag, solo en 2023 ingresaron al país 15 millones de litros de plaguicidas, muchos de ellos catalogados como peligrosos. Una parte significativa entra además por contrabando, sin control ni registro oficial.

Las consecuencias son visibles. Comunarios de San Ignacio denuncian maíz deformado, cítricos secos y desaparición de abejas, lo que amenaza la polinización natural. La doctora Otilia Dávila Maldonado de la posta de salud de Palmarito, entrevistada en 2024, alertó sobre un aumento de enfermedades crónicas en niños, mujeres embarazadas y personas mayores, directamente vinculadas a la exposición prolongada a estos químicos.Planta y frutos de chirimoya secos. Foto: UCB.

El fenómeno de la deriva — que es un término técnico con el que se nombra al proceso de desplazamiento del veneno más allá del área fumigada— agrava el problema. Datos citados en el Policy Brief demuestran que una sola gota puede recorrer hasta 4.800 metros, y que el 25% del producto aplicado puede ser arrastrado por el viento. Esto significa que, aunque una avioneta fumigue lejos, el agroquímico puede llegar a escuelas, chacos y ríos sin que nadie pueda evitarlo.

“La adopción de esta hoja de ruta representa una oportunidad concreta para que San Ignacio de Velasco avance hacia un modelo de gestión preventiva del uso de plaguicidas, protegiendo la salud pública y los ecosistemas locales. Su implementación permitirá al municipio no solo cumplir con sus competencias legales, sino también posicionarse como referente en la regulación ambiental a nivel departamental y nacional. La clave del éxito radicará en el compromiso sostenido de las autoridades y en la articulación efectiva con actores comunitarios, académicos y productivos, consolidando así una política pública legítima, técnica y sostenible en el tiempo” dice textualmente la propuesta de la UCB.

Un modelo estructural

“Esto no es solo un problema técnico de fumigaciones, es un modelo económico estructural”, explica Miguel Ángel Miranda, investigador del Cedib. “Es un esquema impulsado por distintos actores políticos y empresariales, que prioriza la exportación y las grandes inversiones de capital. Los impactos son devastadores: pérdida de territorio, violación a los derechos humanos, y en última instancia el despojo de las comunidades”.

Los datos de Probioma lo confirman: la ganadería de exportación crece a costa de los bosques, mientras la superficie agrícola se orienta casi exclusivamente a cultivos de exportación, como la soya.

El resultado es una contradicción: Bolivia, país megadiverso y rico en ecosistemas, se transforma en escenario de monocultivos que empobrecen los suelos, contaminan el agua y deterioran la salud de su gente.

El Policy Brief plantea además un camino de acción interinstitucional: diagnósticos participativos, diseño de políticas locales, fiscalización municipal y, en última instancia, aprobación de ordenanzas que protejan a las comunidades.Reunión de las comunidades de San Ignacio de Velasco. Foto: Erika Bayá

Para Miguel Ángel Miranda “Esto no solo es un tema de derechos humanos, también es un modelo económico insostenible que terminará expulsando a las comunidades de su propio territorio”.

A decir de Sara Crespo, el trabajo apenas comienza: “El Policy Brief es un documento técnico, pero sobre todo estratégico. Permitirá que las comunidades expresen sus demandas de manera estructurada y que estas lleguen a instancias nacionales e internacionales. Si no hay respuesta aquí, se puede acudir a relatores de derechos humanos de la ONU o la CIDH”.

Una lucha por la vida

Don Pedro lo resume con claridad: “Sabemos que las autoridades han dado luz verde para que crezca la frontera agrícola en desmedro de nuestras comunidades. Pero con este documento tenemos pruebas, ya no solo palabras. Es nuestra esperanza para enfrentar a los empresarios que nos fumigan”.

Luis, por su parte, recuerda que en su comunidad los ríos nacientes que alimentan al Paraguá y al Sapocó ya no llegan con la misma fuerza. “Aunque los empresarios no se entren a nuestro territorio, ya lo estamos perdiendo por las fumigaciones y los represamientos. Queremos que la situación se componga, porque cada vez estamos peor”. En San Ignacio de Velasco, donde la selva chiquitana retrocede frente a los monocultivos de soya y la ganadería de exportación, las comunidades indígenas luchan por mucho más que su parcela. Luchan por el agua, por la comida, por el aire limpio y, en última instancia, por el derecho a seguir existiendo en su propio territorio.

Imagen principal: fumigación de campos de cultivo con drone. Foto: AGRO-DRONE

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