Audiencia por el río San Lorenzo: Juez anuncia lectura de sentencia para el 5 de noviembre

Audiencia de evaluación de peritaje en Roboré. Foto: Rocío Lloret Céspedes

Tras varias horas de alegatos, el juez agroambiental de Roboré, anunció que dará a conocer su decisión sobre la demanda interpuesta por daños ambientales, a la biodiversidad y a la salud pública provocados por la construcción irregular de obras civiles sobre el río San Lorenzo en Santa Cruz.

La Región

Este jueves 9 de octubre, el Juzgado Agroambiental de Roboré fue escenario de la audiencia de evaluación de peritaje dentro de la demanda ambiental presentada por Wilson Perrogón, Cacique de la comunidad indígena Buena Vista, perteneciente a la TCO Turubó Este (Santa Cruz), contra el representante legal de la Hacienda San Lorenzo, de propiedad del ciudadano argentino Andrés Maggy.

Tras aceptar dicho perítale, el juez Víctor Hugo Callisaya anunció que el próximo miércoles 5 de noviembre leerá la sentencia respecto a la demanda interpuesta por los daños ambientales, a la biodiversidad y a la salud pública provocados por la construcción irregular de obras civiles sobre el río San Lorenzo, situado entre los municipios de San José de Chiquitos y Roboré.

Dicha intervención alteró el cauce natural y afectó directamente los sistemas de vida de las comunidades. El documento, presentado en agosto del año pasado, señala que la Hacienda San Lorenzo, representada por Raúl Áñez Campos, instaló ilegalmente sistemas de riego y otras obras civiles entre 2014 y 2016 en las nacientes del río, sin contar con licencia ambiental.

Desde finales de 2020, el río San Lorenzo ha sufrido una disminución alarmante de su caudal, llegando a secarse por completo en noviembre de ese año. Esta situación ha afectado a 240 familias de las comunidades San Juan y Buena Vista, pertenecientes a la TCO Turubó Este, vulnerando su derecho al agua y a la alimentación, y poniendo en riesgo sus medios de vida tradicionales basados en la agricultura, la caza y la pesca.

Aunque e la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD) de Santa Cruz ordenó en 2020 la restauración del cauce y la restitución del caudal ecológico, la infraestructura ilegal permanece en el lugar y las medidas de reparación no han sido cumplidas, profundizando el daño ambiental y social.

El proceso judicial ha avanzado hasta su etapa final, y se esperaba que en esta audiencia, el juez emita un veredicto definitivo; algo que fue postergado para el siguiente mes.

La TCO Turubó Este busca que en sentencia se establezca la Responsabilidad Ambiental del Demandado y se determinen medidas de Reparación (retiro de la infraestructura y restauración de las áreas afectadas) e Indemnización por los daños causados a las familias afectadas.

El fallo puede sentar un precedente histórico para la justicia ambiental en Bolivia, marcando el rumbo sobre cómo se protegen —o se vulneran— los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

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