RÍOS LIBRES
Durante años, el río San Lorenzo fluyó libre dando vida a las comunidades de la TCO Turubó Este. Pero entre 2014 y 2016 algo cambió: la Hacienda San Lorenzo levantó presas ilegales que cortaron su cauce natural. Esas infraestructuras bloquearon el agua: el río comenzó a apagarse… hasta secarse por completo en 2020. Con él, se fue el agua para beber, la posibilidad de cultivar, pescar y la vida digna de quienes dependen del río desde siempre. Niños y ancianos se enfermaron.
Frente a esta injusticia, las comunidades de la TCO Turubó Este decidieron levantar la voz y presentar una demanda por responsabilidad ambiental y daño a la salud pública, que fue presentada por Wilson Hurtado cacique de Buena Vista en el juzgado Agroambiental de Roboré. La lucha fue larga, pero llegó el día en que la justicia habló. El 27 de noviembre, en un fallo histórico, el juez agroambiental de Roboré, Álvaro Flores, declaró probada la demanda contra la Hacienda San Lorenzo, propiedad del ciudadano argentino nacionalizado boliviano Marcos Andrés Maggy.
La sentencia no solo reconoce el daño. Sienta un precedente para todas las comunidades afectadas por la expansión del agroextractivismo orientado a la exportación de granos y carne, motores de la deforestación y de la crisis del agua en el país. También reconoce que el río San Lorenzo es clave para toda la cuenca Tucabaca y para el Área Protegida Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca.
Las pruebas fueron contundentes: las presas alteraron el flujo natural, redujeron el caudal, interrumpieron la dinámica hídrica y afectaron la biodiversidad. Y hoy, gracias a este fallo, se abre un camino de esperanza. Las comunidades celebran este logro histórico, pero también saben que el reto recién comienza: vigilar que la sentencia se cumpla plenamente, para defender sus ríos, sus territorios y sus derechos frente al avance del extractivismo.
Por los ríos libres…
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