miércoles, 28 de septiembre de 2011

Denuncia y condena la violenta intervención a la VIII Marcha indígena VIII Marcha Indígena “Por la defensa de los Territorios Indígenas y la Dignidad”

La VIII Marcha Indígena “Por la defensa de los Territorios Indígenas y la Dignidad” fue intervenida, el día domingo 25 de septiembre aproximadamente a horas 17:00, cuando un grupo de alrededor de 500 policías comenzó a rodear el improvisado campamento de los marchistas indígenas. Poco después comenzó la gasificación, decenas de policías intervienen violentamente y comienzan a controlar físicamente a los marchistas, atándolos con cintas adhesivas y poniéndolos boca abajo. Poco después comenzaron a llegar varios vehículos, sin placas de control, a los que los marchistas fueron transportados a la fuerza. Los pocos medios de comunicación que se encontraban en el lugar fueron coartados en su labor y algunos policías se dedicaron a registrar sus herramientas de trabajo. (http://www.ftierra.org/ft/)

La VIII Marcha Indígena encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) ha partido el 15 de agosto desde Trinidad con aproximadamente 1.000 indígenas de las 36 nacionalidades y pueblos indígenas de Bolivia, y a esta marcha también se han sumado los indígenas originarios de tierras altas afiliados al CONAMAQ. El objetivo de esta movilización era llegar a La Paz para hablar con Evo Morales presidente “Indígena” de indígena a Indígena sobre la necesidad de modificar el tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos. Los pueblos indígenas argumentaronn su disconformidad con dicha carretera porque se vulneraron sus derechos, especialmente los referidos al derecho a consulta previa para decidir sobre su territorio, tal como lo establece la Normativa Ambiental (Ley 1333) el Reglamento General de la Gestión Ambiental y la propia Constitución Política del Estado (Articulo 352), así como los Convenios Internacionales suscritos por el estado boliviano, como es el caso del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, refrendado en la Ley 3760, artículo 32.

Especialistas en conservación y biodiversidad advierteron que la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari -San Ignacio de Mojos, que contempla la apertura de una ruta por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ocasionaría la desaparición de la fauna, flora y culturas indígenas que habitan en el lugar. El Parque Isiboro Sécure contempla una riqueza en flora y fauna, que tienen cientos de años en la zona; muchas de las especies dentro del TIPNIS se encuentran amenazadas.

El TIPNIS se ubica geográficamente en medio de la selva, entre los departamentos del Beni y Cochabamba; alimenta la Cuenca Amazónica; presenta una extensión territorial aproximada de 1.225.347 hectáreas habitadas principalmente por cuatro pueblos indígenas: mojeños trinitarios, yurakares y T’simanes.

En este contexto la construcción de la carretera, se constituye en una amenaza real para toda la biodiversidad y pueblos indígenas, que habitan en la zona. Muchos animales morirían y la variedad de árboles se perdería, lo que representaría un alto costo ambiental, cultural y social. El TIPNIS además es un regulador climático que mantiene el equilibrio en la cuenca Amazónica, pues se encuentra en la cabecera de la misma. Para la ejecución del segundo tramo de la carretera no se han considerado los estudios ambientales necesarios, considerando que existen las medidas de mitigación, establecidas en la Ley de Medio Ambiente 1333, que prevé un estudio de impacto para prevenir los efectos de la construcción de este proyecto vial. Por esta razón, los indígenas iniciaron una marcha pacífica rumbo a la sede de gobierno, pues la marcha es la forma que tienen los pueblos indígenas de tierras bajas de defender sus derechos.

Es importante resaltar los intereses que se mueven para construir esta carretera. En primer lugar están los intereses geopolíticos de Brasil para la ejecución de los proyectos de la IIRSA, el financiamiento para está carretera lo ha dado el BNDES y la empresa que la ejecutará (llave en mano) es OAS – de Brasil. Por otro lado, la vía serviría para llevar adelante la explotación hidrocarburífera, maderera y agrícola (monocultivos como la coca, soya, etc.).

En más de un mes de movilización (41 días) los Ministros de gobierno ha acudido varias veces a la marcha llevando la misma propuesta una y otra vez (que la carretera atraviese el TIPNIS sí o sí). Así mismo, el presidente no ha aceptado la invitación de los marchistas, que vienen solicitando su presencia desde días antes de comenzar la marcha. Al contrario, se promovió un bloqueo de caminos, por parte de campesinos afines al gobierno, para evitar el paso de la marcha indígena. Dicho bloqueo (corte de ruta) fue fortalecido con la presencia policial que no permitía a los marchistas el acceso al agua, comida, ni medicamentos.

Finalmente, se utilizó un hecho aislado para someter a los indígenas a una de las represiones más brutales de los últimos tiempos. El día sábado 24 de septiembre las mujeres indígenas obligaron al Canciller a marchar con ellas y así romper el cerco policial y llegar al agua, excusa que sirvió para al gobierno para atacar la pacífica medida. No se tuvo consideración de que en la marcha se encontraban bebes, niños, mujeres embarazadas y ancianos. La policía inició la intervención del campamento con una fuerte gasificación, en la confusión muchos niños se perdieron al huir hacia el monte (bosque). Esta demostración de brutalidad empleada por el gobierno ha generado la indignación de tod@s los bolivian@s, que a la fecha se hace sentir en todo el territorio nacional y se pide la solidaridad internacional.

PROBIOMA condena y repudia vehementemente la intervención a la VIII Marcha indígena, única alternativa que encontró el gobierno para acallar la voz de los indígenas y que ha mostrado total incapacidad de presentar alternativas y respuestas viables a las demandas indígenas. Ha prevalecido la fuerza frente a la razón y al diálogo, afectando gravemente a la democracia. Asimismo, se solidariza con todas las organizaciones y familias que han sido afectadas por la intervención policial.

Así mismo exigimos el rescate de las personas que aún se encuentran ocultas y huidas en el monte, que se detenga la arremetida policial a los marchistas y a quienes los apoyan en la zona del conflicto –como el personal médico en San Borja y de otras instituciones- y en todo el país. Asimismo, investigar, procesar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de la brutal represión contra la marcha.

PROBIOMA ratifica su compromiso con los pueblos indígenas, respalda y apoya sus demandas; asimismo corrobora su compromiso por la defensa del medio ambiente y la vigencia plena de los derechos humanos.

PROBIOMA

Nota: Más información en:


No hay comentarios:

Publicar un comentario